Equipos de Protección Individual (EPIs): Obligaciones y Gestión 2026

El artículo 2 del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, define el equipo de protección individual como cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. La definición tiene tres elementos que conviene retener: el equipo lo lleva o sujeta la persona (no está instalado en la máquina o en el local), su finalidad es protectora y protege frente a un riesgo concreto identificado.

Por eso un casco de obra, unos guantes anticorte, unas gafas de montura integral, unos tapones auditivos, una mascarilla autofiltrante FFP2, unas botas con puntera y plantilla antiperforación o un arnés anticaídas son EPIs. En cambio, una barandilla, una red de seguridad, una campana de extracción localizada o el resguardo de una sierra son medidas de protección colectiva, porque protegen a cualquier persona que esté en la zona sin que tenga que llevarlas puestas.

Lo que no es un EPI

El mismo artículo 2 excluye expresamente, entre otros, la ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a proteger la salud o la integridad física del trabajador, los equipos de los servicios de socorro y salvamento, el material de deporte y los aparatos portátiles de detección y señalización de riesgos.

El EPI como última barrera: el carácter subsidiario

La idea más importante de toda la normativa sobre EPIs es su carácter subsidiario. El artículo 17.2 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), y el artículo 4 del RD 773/1997 establecen que los EPIs deben utilizarse cuando existan riesgos que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas o procedimientos de organización del trabajo.

Esto conecta con los principios de la acción preventiva del artículo 15 LPRL, que obligan a evitar los riesgos, combatirlos en su origen, sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro y anteponer la protección colectiva a la individual. En la práctica significa que la empresa no puede "resolver" un problema de ruido repartiendo tapones si es técnicamente viable encapsular la máquina, ni sustituir una barandilla por un arnés por comodidad o coste.

Ahora bien, subsidiario no significa secundario. En muchos puestos el EPI es imprescindible incluso con buenas medidas colectivas: el riesgo residual sigue existiendo y el equipo personal es lo único que se interpone entre el trabajador y la lesión. Por eso la ley es igual de exigente con su elección, su entrega y su uso efectivo que con el resto de medidas preventivas recogidas en el sistema de prevención de riesgos laborales de la empresa.

¿Cuándo es obligatorio?

El uso de EPIs es obligatorio cuando la evaluación de riesgos del puesto concluye que existe un riesgo residual que solo puede controlarse con protección individual. No hay una lista cerrada de sectores: el Anexo III del RD 773/1997 recoge una lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores que pueden requerir EPIs (obras de construcción, trabajos en hornos, manipulación de productos químicos, trabajos con sierras, actividades con ruido, etc.), y numerosas normas específicas (ruido, agentes químicos, agentes biológicos, amianto, construcción, radiaciones) concretan cuándo son preceptivos.

La regulación de los EPIs tiene dos planos que conviene no confundir. Por un lado, las normas que regulan su utilización en el trabajo, que obligan al empresario y al trabajador. Por otro, las normas que regulan su comercialización, que obligan al fabricante, al importador y al distribuidor y garantizan que el equipo cumple unos requisitos esenciales de salud y seguridad.

Normas de utilización (obligaciones de la empresa)

• Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. El artículo 17.2 obliga al empresario a proporcionar a sus trabajadores EPIs adecuados para el desempeño de sus funciones y a velar por su uso efectivo cuando sean necesarios. El artículo 14.5 añade que el coste de las medidas de seguridad y salud no puede recaer en modo alguno sobre los trabajadores. El artículo 29 regula las obligaciones de los trabajadores, y los artículos 18 y 19 la información y la formación.
• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. Es la norma de referencia: define el EPI, fija las obligaciones del empresario (art. 3), los criterios de uso (art. 4), las condiciones que deben reunir (art. 5), su elección (art. 6), utilización y mantenimiento (art. 7), información y formación (art. 8), consulta y participación (art. 9) y obligaciones de los trabajadores (art. 10). Sus anexos fueron actualizados por el Real Decreto 1076/2021 para incorporar la Directiva (UE) 2019/1832.
• Normativa específica por riesgo, que concreta cuándo y qué EPI usar: RD 286/2006 (ruido), RD 374/2001 (agentes químicos), RD 664/1997 (agentes biológicos), RD 1627/1997 (obras de construcción), RD 396/2006 (amianto), entre otras.

Normas de comercialización (obligaciones del fabricante)

El Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los equipos de protección individual, es directamente aplicable en todos los Estados miembros desde el 21 de abril de 2018. Sustituyó a la Directiva 89/686/CEE, que en España se había transpuesto mediante el Real Decreto 1407/1992. El Reglamento establece los requisitos esenciales de salud y seguridad que debe cumplir el diseño y la fabricación de los EPIs, las categorías de riesgo, los procedimientos de evaluación de la conformidad, el marcado CE y las obligaciones de los operadores económicos.

Para la empresa usuaria, la consecuencia práctica es sencilla: solo puede adquirir y entregar EPIs que lleven el marcado CE y vayan acompañados de la declaración UE de conformidad (o la dirección donde consultarla) y de las instrucciones del fabricante en castellano. Comprar equipos sin marcado o con documentación dudosa no exime al empleador; al contrario, el artículo 5 del RD 773/1997 exige que el EPI cumpla las disposiciones sobre diseño y fabricación que le sean de aplicación.

El Anexo I del Reglamento (UE) 2016/425 clasifica los EPIs en tres categorías en función de la gravedad del riesgo frente al que protegen. La categoría determina el procedimiento de evaluación de la conformidad que debe seguir el fabricante y, para la empresa usuaria, es un buen indicador del nivel de exigencia que debe aplicar en la formación, el control del uso y el mantenimiento.

Categoría I: riesgos mínimos

Incluye exclusivamente los EPIs que protegen frente a riesgos mínimos enumerados en el Reglamento: lesiones mecánicas superficiales, contacto con productos de limpieza poco nocivos o contacto prolongado con el agua, contacto con superficies calientes que no superen los 50 °C, lesiones oculares por exposición a la luz solar (salvo durante la observación del sol) y condiciones atmosféricas que no sean de naturaleza extrema. Ejemplos: guantes de jardinería, guantes para fregar o gafas de sol.

Categoría III: riesgos muy graves

Incluye los EPIs que protegen frente a riesgos que pueden tener consecuencias muy graves, como la muerte o daños irreversibles para la salud. El Reglamento los enumera: sustancias y mezclas peligrosas para la salud, atmósferas con falta de oxígeno, agentes biológicos nocivos, radiaciones ionizantes, ambientes con temperaturas de al menos 100 °C o de -50 °C o inferiores, caídas desde altura, descargas eléctricas y trabajo en tensión, ahogamiento, cortes por sierras de cadena portátiles, chorros de alta presión, heridas de bala o arma blanca y ruido nocivo. Ejemplos: equipos de protección respiratoria, arneses anticaídas, protectores auditivos, guantes de protección química o trajes frente a agentes biológicos.

Categoría II: el resto

Es una categoría residual: comprende todos los riesgos que no están en la categoría I ni en la III. Aquí se encuadran la mayoría de cascos de seguridad, gafas y pantallas frente a impactos, guantes frente a riesgos mecánicos, calzado de seguridad o ropa de alta visibilidad.

La elección del equipo no es una decisión de compras, sino una decisión preventiva. El artículo 6 del RD 773/1997 obliga al empresario, para elegir los EPIs, a llevar a cabo tres actuaciones: analizar y evaluar los riesgos que no puedan evitarse o limitarse suficientemente por otros medios; definir las características que deben reunir los equipos para garantizar su función, teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud de los riesgos y los factores adicionales de riesgo que puedan constituir los propios equipos o su utilización; y comparar las características de los equipos existentes en el mercado con las definidas.

Condiciones que debe reunir el EPI

Según el artículo 5 del RD 773/1997, los EPIs deben:

• Proporcionar una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias.
• Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo (temperatura, humedad, espacio, presencia de otros riesgos).
• Tener en cuenta las exigencias ergonómicas y de salud del trabajador.
• Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios (tallas, morfología, uso de gafas graduadas, barba en el caso de mascarillas, etc.).

Cuando haya riesgos múltiples que exijan llevar simultáneamente varios EPIs, estos deben ser compatibles entre sí y mantener su eficacia frente al riesgo o riesgos correspondientes. Es el caso típico del casco con orejeras acopladas y pantalla facial, o de las gafas de seguridad que no sellan bien si se llevan con una mascarilla mal ajustada.

Consulta y participación de los trabajadores

El artículo 9 del RD 773/1997, en relación con los artículos 18.2 y 33 LPRL, exige consultar a los trabajadores o a sus representantes (delegados de prevención o comité de seguridad y salud) y permitir su participación en la elección de los EPIs. No es un trámite menor: los trabajadores que han probado y opinado sobre varios modelos los usan mucho más. Una práctica recomendable es organizar pruebas de campo con dos o tres modelos que cumplan las prestaciones técnicas exigidas, durante una o dos semanas, y recoger la valoración de comodidad y ajuste antes de decidir la compra.

Siguiendo la estructura del Anexo I del RD 773/1997, los EPIs se agrupan por la parte del cuerpo que protegen. La siguiente tabla resume los más habituales y las normas técnicas que suelen aparecer en su marcado. Las normas citadas son orientativas: comprueba siempre en el folleto del fabricante la versión aplicable y los niveles de prestación concretos.

Protección auditiva: cuándo es obligatoria

El ruido es uno de los pocos riesgos en los que la propia norma fija umbrales claros. El Real Decreto 286/2006 establece, para la exposición diaria al ruido:

• Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción: 80 dB(A). A partir de aquí, la empresa debe poner protectores auditivos a disposición de los trabajadores.
• Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: 85 dB(A). A partir de aquí, el uso de protectores es obligatorio y la empresa debe velar por ello, además de aplicar un programa de medidas técnicas y organizativas y señalizar los lugares.
• Valor límite de exposición: 87 dB(A), que no puede superarse teniendo en cuenta la atenuación de los protectores auditivos.

El RD 286/2006 fija también valores de nivel de pico. Como la exposición diaria depende del tiempo que el trabajador pasa en cada zona, conocer con precisión la jornada y los turnos de cada persona es clave para que la evaluación sea realista: no es lo mismo pasar dos horas junto a una prensa que una jornada completa.

Calor y EPIs

En verano, la ropa de protección y los EPIs poco transpirables aumentan la carga térmica y pueden contribuir a un golpe de calor. La evaluación debe considerar esa interacción y buscar equipos más ligeros, pausas o reorganización de tareas. Lo desarrollamos en nuestra guía sobre trabajo con calor extremo y obligaciones de la empresa.

El artículo 3 del RD 773/1997 resume las obligaciones generales del empresario: determinar los puestos de trabajo en los que debe recurrirse a la protección individual y precisar, para cada uno, el riesgo frente al que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo; elegir los EPIs conforme a los artículos 5 y 6; proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos que deban utilizar, reponiéndolos cuando resulte necesario; velar por que la utilización se realice conforme al artículo 7; y asegurar que el mantenimiento se realiza conforme a ese mismo artículo.

¿Es obligatorio registrar la entrega?

El RD 773/1997 no impone un formato concreto de "acta de entrega". Sin embargo, el artículo 23 LPRL obliga a conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación relativa a la planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y prevención a adoptar y, en su caso, el material de protección que deba utilizarse. Y, sobre todo, en caso de accidente o de inspección, la empresa tendrá que probar que entregó el equipo adecuado, que informó y formó al trabajador y que repuso el equipo cuando era necesario. Sin un registro firmado, esa prueba es muy difícil.

Procedimiento recomendado en 7 pasos

Trabajadores de ETT y de contratas

Con trabajadores puestos a disposición por una ETT, el contrato de puesta a disposición y la información previa que facilita la empresa usuaria deben concretar los riesgos del puesto y los EPIs necesarios; es habitual que la usuaria los proporcione en el centro. Con contratas y subcontratas, cada empresario sigue siendo responsable de dotar de EPIs a su propio personal, pero el titular del centro debe informar de los riesgos y de las medidas de emergencia y, en su caso, dar instrucciones. Lo explicamos en la guía de coordinación de actividades empresariales (CAE).

Un EPI que el trabajador no sabe colocar, que no se revisa o que está caducado da una falsa sensación de seguridad. Por eso el RD 773/1997 dedica dos artículos específicos a lo que ocurre después de la compra: el artículo 7 (utilización y mantenimiento) y el artículo 8 (información y formación).

Información: qué debe saber el trabajador

De acuerdo con el artículo 8 del RD 773/1997 y el artículo 18 LPRL, el empresario debe informar a los trabajadores, previamente al uso de los equipos, de los riesgos contra los que les protegen, así como de las actividades u ocasiones en las que deben utilizarse. También debe proporcionarles instrucciones, preferentemente por escrito, sobre la forma correcta de utilizarlos y mantenerlos. El manual de instrucciones o la documentación del fabricante debe estar a disposición de los trabajadores, y la información debe ser comprensible para ellos.

Formación: teoría y, cuando procede, práctica

El mismo artículo 8 obliga al empresario a garantizar la formación y a organizar, en su caso, sesiones de entrenamiento para la utilización de los EPIs, especialmente cuando se requiera la utilización simultánea de varios equipos que por su especial complejidad así lo haga necesario. Conforme al artículo 19 LPRL, la formación debe impartirse dentro de la jornada de trabajo (o, en su defecto, en otras horas pero con descuento del tiempo invertido) y no puede tener coste para el trabajador.

Un buen programa de formación sobre EPIs incluye: por qué se usa el equipo (riesgo y consecuencias), limitaciones del equipo, colocación y ajuste, comprobación antes de cada uso, señales de deterioro, limpieza y almacenamiento, procedimiento de reposición y, para los equipos de categoría III, entrenamiento práctico (por ejemplo, prueba de ajuste de mascarillas o simulación de uso del arnés con rescate).

Plan de mantenimiento y vida útil

No existe una vida útil legal única para cada tipo de EPI: la determina el fabricante en su folleto y depende de las condiciones de uso. Lo que sí es obligatorio es respetar esas indicaciones y retirar el equipo cuando ya no garantiza la protección. Un plan de mantenimiento razonable distingue tres niveles:

Qué debe hacer el trabajador

El artículo 29.1 LPRL establece que corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención adoptadas, por su propia seguridad y salud y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad. En particular, el artículo 29.2.2º le obliga a utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas.

El artículo 10 del RD 773/1997 concreta estas obligaciones: el trabajador debe utilizar y cuidar correctamente los EPIs, colocarlos después de su utilización en el lugar indicado para ello e informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

La negativa es un incumplimiento laboral

El artículo 29.3 LPRL dispone que el incumplimiento por los trabajadores de sus obligaciones en materia de prevención tiene la consideración de incumplimiento laboral a los efectos del artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, la empresa puede sancionarlo de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones del convenio colectivo aplicable. Muchos convenios tipifican expresamente la falta de uso de los EPIs, con distinta gravedad según la reiteración y el riesgo creado.

En los casos más graves (negativa reiterada y consciente tras advertencias, o creación de un riesgo grave para otras personas), la conducta podría encajar en la indisciplina o desobediencia del artículo 54.2.b) ET y justificar un despido disciplinario. Como siempre en materia disciplinaria, la valoración es individual: los tribunales examinan la gravedad, la culpabilidad, la proporcionalidad y si la empresa toleraba antes ese comportamiento.

Antes de sancionar: comprueba si la negativa está justificada

No toda negativa es una indisciplina. Hay situaciones en las que el trabajador tiene motivos legítimos y lo correcto es corregir el problema, no sancionar:

• El EPI no es adecuado para el riesgo, está deteriorado o caducado.
• No existe la talla adecuada o el equipo no se ajusta a su morfología.
• Le provoca un problema de salud (alergia, dermatitis, dificultad respiratoria) que debe valorar la vigilancia de la salud.
• El equipo genera un riesgo adicional en esa tarea (por ejemplo, guantes con piezas en rotación).
• No ha recibido la información o formación necesaria para usarlo.

Además, el artículo 21 LPRL reconoce al trabajador el derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud. Si no se le facilita el EPI necesario para una tarea con ese nivel de riesgo, negarse a realizarla no es sancionable.

Protocolo de actuación ante una negativa

La negativa del trabajador no exime a la empresa

El deber de la empresa no termina con la entrega: el artículo 17.2 LPRL le obliga a velar por el uso efectivo. Y el artículo 15.4 LPRL exige que la efectividad de las medidas preventivas prevea las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. En la práctica, si la empresa conocía o toleraba que no se usaban los EPIs, difícilmente podrá descargar su responsabilidad en el trabajador tras un accidente. Solo la imprudencia temeraria del trabajador rompe la calificación del accidente de trabajo (art. 156.4.b LGSS); la imprudencia profesional derivada de la confianza que inspira el ejercicio habitual del trabajo no la impide (art. 156.5.a LGSS).

Los incumplimientos en materia de EPIs pueden generar varias responsabilidades al mismo tiempo. El artículo 42 LPRL establece que el incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones preventivas da lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse. Además, la Seguridad Social puede imponer el recargo de prestaciones. Veamos cada una.

Responsabilidad administrativa (LISOS)

La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000) tipifica las infracciones en materia de prevención en sus artículos 11 (leves), 12 (graves) y 13 (muy graves). En relación con los EPIs, las más relevantes son:

• Leve: los incumplimientos de la normativa de prevención que carezcan de trascendencia grave para la integridad física o la salud de los trabajadores (art. 11.4).
• Grave: el incumplimiento de la normativa de prevención que cree un riesgo grave para la integridad física o la salud de los trabajadores, mencionando expresamente, entre otras materias, las medidas de protección colectiva o individual (art. 12.16); y el incumplimiento de las obligaciones de formación e información suficiente y adecuada sobre los riesgos del puesto y las medidas preventivas (art. 12.8).
• Muy grave: no adoptar las medidas preventivas aplicables cuando de ello se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores (art. 13.10).

Las sanciones se gradúan en grado mínimo, medio y máximo según los criterios del artículo 39 LISOS (peligrosidad de las actividades, carácter permanente o transitorio de los riesgos, gravedad de los daños, número de trabajadores afectados, medidas de protección adoptadas, advertencias o requerimientos previos de la Inspección, entre otros). Las cuantías están fijadas en el artículo 40.2 LISOS y se han actualizado en varias ocasiones, por lo que conviene consultar siempre el texto consolidado vigente en el BOE antes de hacer cualquier estimación.

Recargo de prestaciones

Cuando un accidente de trabajo o una enfermedad profesional se produce por falta de medidas de seguridad, entre ellas la no entrega o la falta de control del uso de los EPIs, las prestaciones económicas que tengan su causa en ese accidente o enfermedad se incrementan entre un 30 % y un 50 % según la gravedad de la falta (art. 164 LGSS). Este recargo recae directamente sobre el empresario infractor, no puede ser objeto de seguro y es independiente y compatible con las responsabilidades de otro orden. Es, para muchas empresas, la consecuencia económica más dura de un accidente.

Responsabilidad penal

El artículo 316 del Código Penal castiga a quienes, con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física. El artículo 317 prevé una pena inferior cuando el delito se comete por imprudencia grave. No hace falta que se produzca un accidente: basta con la creación del peligro grave. Si además se produce un resultado lesivo o la muerte, pueden concurrir delitos de lesiones u homicidio imprudente. La responsabilidad penal es personal y puede alcanzar a administradores, gerentes, encargados o técnicos con funciones de seguridad.

Los siguientes casos son ficticios y simplificados, pero reflejan situaciones muy habituales. Las cifras de exposición y de coste son ilustrativas: en la realidad, las mediciones las realiza un técnico de prevención con equipos calibrados y los precios dependen del proveedor y del modelo.

Los equipos de protección individual son la última barrera entre el trabajador y el riesgo, y la normativa española los trata con la seriedad que eso merece. El RD 773/1997 y la LPRL no se conforman con que la empresa compre equipos: exigen que los justifique con la evaluación de riesgos, que elija modelos con marcado CE adecuados al riesgo y a la persona, que los entregue gratuitamente y a tiempo, que informe y forme, que los mantenga y reponga y, sobre todo, que vigile que se usan.

La gestión de EPIs es, en el fondo, un proceso: matriz por puesto, asignación individual, ficha de entrega, formación, inventario con caducidades, supervisión y revisión. Cuando ese proceso está escrito y tiene responsables, los problemas habituales (incorporaciones sin equipo, filtros caducados, negativas toleradas) desaparecen casi por completo. Y si algo falla, la empresa dispone de la documentación que demuestra su diligencia ante la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social o un juzgado.